jueves, 5 de agosto de 2010

Agenda ciudadana / Rusia y México o mal de muchos

México y Rusia son diferentes en multitud de aspectos, pero tienen varias similitudes políticas. Desafortunadamente no son de las más deseables´

Rusia y México o mal de muchos

Lorenzo Meyer

Terrenos Difíciles . Mal de muchos, ganancia del análisis comparativo. Nuestro país y Rusia, tan distintos y distantes, tienen en común varios problemas que son origen y resultado de sus dificultades para poder transitar con éxito de sus antiguos regímenes antidemocráticos, el priista autoritario y el soviético totalitario respectivamente, a uno nuevo, democrático.

El origen de buena parte de los problemas políticos actuales de México y Rusia es su larga experiencia con gobiernos de mano dura y desigualdad social extrema. El testimonio de un policía ruso que desde el año pasado circula por YouTube, muestra hasta qué punto la corrupción de las policías rusa y mexicana se parece entre sí como dos gotas de agua. Esa coincidencia no es casualidad sino resultado de una cadena de similitudes y de ciertas formas de cultura política.

Un vistazo a un mapa muestra que las capitales de México y Rusia casi son antípodas. Sin embargo, hubo un tiempo en que fueron países vecinos, distantes, pero vecinos. Y es que tras su independencia, México estableció en 1823, en Sonoma, Alta California, su guarnición más lejana y, no muy lejos de ahí, Rusia ya había hecho lo mismo en 1812 con Krespost´ Rus o Fort Ross, un pequeño puesto dedicado al comercio de pieles y ligado a Alaska.

Ambos eran puntos muy lejanos de sus respectivas capitales y la relación entre sus pobladores fue esporádica pero pacífica. En 1842 los rusos abandonaron el lugar por incosteable y poco después, en 1848, la guerra con Estados Unidos, hizo que Sonoma y el resto de la Alta California dejaran de ser mexicanas para convertirse en norteamericanas. México y Rusia se alejaron aún más cuando Alaska fue vendida por Rusia a Estados Unidos en 1867, justo cuando en México empezó a tomar forma el estado nacional.

Revoluciones . Desde una perspectiva de historia política, Rusia y México se han caracterizado por un pasado autocrático. Al inicio del Siglo 20, ambos países, siendo básicamente sociedades agrarias, latifundistas y gobernadas por autócratas, experimentaron sendas revoluciones sociales. Obviamente, la rusa fue la más ambiciosa de las dos, al pretender no solamente rehacer toda la estructura social de ese enorme país sino cambiar al hombre mismo y, para ello, desplegó un proyecto mundial basado en el socialismo como paso previo al comunismo.

La mexicana fue mucho más modesta pero menos, mucho menos, brutal, entre otras razones porque sus aspiraciones fueron básicamente nacionalistas, no internacionalistas y sólo buscó redistribuir parte de la riqueza, la tierra, y disminuir su dependencia externa. Ambas revoluciones experimentaron en sus inicios los efectos de una intervención armada externa pero pudieron seguir adelante hasta crear y consolidar un nuevo régimen fuerte y de un solo partido. Sin embargo, en México el PNR-PRM-PRI careció realmente de ideología y terminó como un sistema básicamente capitalista, dependiente y de pluralismo limitado, en tanto que el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, intentó llegar al comunismo por la vía del control totalitario de la sociedad.

México como Modelo. Durante la Guerra Fría, uno de los politólogos norteamericanos más importantes, Samuel P. Huntington, de Harvard, comparó a los países de la Europa Oriental dominados por los soviéticos con México, un país no democrático que estaba en la zona de influencia norteamericana, y propuso que una manera positiva para la evolución de los satélites soviéticos sería que adoptaran el modelo mexicano de pluralismo político limitado, donde la economía combinaba una primacía del Estado con la existencia de la gran empresa capitalista, de tal manera que, en un futuro aún no previsible, de ahí podría surgir la democracia, (Huntington y Clement H. Moore,[eds.], Authoritarian politics in modern society: the dynamics of established one-party systems, 1970).

Al final, como todos sabemos, el gran y costoso experimento soviético fracasó. Lo mismo ocurrió en México, aunque de manera menos dramática. En la URSS, Mijail Gorvachov intentó la renovación del socialismo mediante dos políticas: el glasnost (transparencia) y la perestroika (reestructuración). En México, Carlos Salinas también propuso el cambio desde dentro pero de manera diferente: echó a andar una perestroika neoliberal (privatización y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos) pero sin glasnost. Al final ambos proyectos de cambio se quedaron cortos y no salvaron al antiguo orden.

El fracaso del PRI en México y del PCUS en Rusia, abrieron la puerta para que pudiera entrar en ambos países la llamada "tercera ola" de la democratización mundial, como ya antes lo había hecho en Portugal, España o Grecia. Sin embargo, el éxito no coronó ese esfuerzo. En Rusia, el poder real ha quedado en manos del Primer Ministro Vladimir Putin, un hombre duro formado en los cuadros del Comité de Seguridad del Estado, KGB, del antiguo régimen, aunque algo debe compartir con los oligarcas que surgieron tras las privatizaciones que siguieron al fracaso económico del socialismo.

En México la cosa ha sido diferente; aquí el PRI se dice preparado para retornar al poder en el 2012; entre tanto, la oligarquía mexicana, algunos de sus miembros también lo son gracias a las privatizaciones, comparte el poder o lo que queda de él, con un gobierno muy debilitado.

Corrupción, Crimen Organizado y Policía . Edgardo Buscaglia, un experto en crimen organizado, profesor del ITAM y director de un centro que reúne y analiza datos sobre las organizaciones criminales, considera que la mafia más poderosa del mundo es la rusa, pero que después de ella y de la china, están los cárteles mexicanos del narcotráfico que, en su conjunto, conforman ya el tercer grupo de criminales organizados más poderoso a nivel mundial.

En este contexto, sólo el cartel de Sinaloa mantiene operaciones en 40 países de varios continentes. Obviamente, un poder así no se logra sin la ayuda y el uso de porciones del Estado, El Universal, 28 de julio. Exactamente lo mismo se puede decir de la mafia que opera en y desde Rusia.

Pasemos ahora a lo anunciado al inicio: la situación de la policía como otro indicador de la semejanza de males que comparten México y Rusia. La denuncia por la corrupción institucional hecha en video en noviembre pasado por el ex oficial de policía ruso Aleksei Aleksandrovicv Dymovsky, se encuentra en The New York Times, 27 de julio, y muestra lo siguiente. Para empezar, lo bajo de los salarios en ese cuerpo; como mayor, Dymovsky ganaba el equivalente de 450 dólares mensuales; para poder completar tan pobres ingresos, buscó y aceptó "mordidas", aunque, dice, no mayores de 20 dólares. Se trata de una "mordida" institucionalizada, pues al final del día cada policía debe dar a sus superiores entre 25 y 100 dólares o recibirá un castigo.

Es ese sistema el que permite que el jefe de policía de Novorossiyk, ciudad de 250 mil habitantes y donde estaba asignado Dymovsky, tenga, a la vez, un salario formal de 25 mil dólares al año pero coches de lujo y una gran casa frente a la playa en un sitio donde el metro cuadrado de terreno vale 187 dólares.

Cansado de vivir en y de la corrupción, Dymovsky hizo una denuncia a la oficina del propio Vladimir Putin en el Kremlin, pero lo que consiguió no fue que se iniciara una investigación sobre su denuncia sino que el Departamento del Interior lo reportara a sus jefes inmediatos para que lo disciplinaran, negaran todas las acusaciones y al final el acusador pasaría un tiempo en la cárcel ¡imputado de robar a la policía!

YouTube . En noviembre de 2009 Dymovsky decidió grabar su testimonio y subirlo a YouTube. Según The New York Times, el impacto público del video ha sido fuerte, 2 millones de visitantes, pero la reforma a un cuerpo de un millón 200 mil policías es, en el mejor de los casos, algo para el futuro. En la Rusia de hoy, lo que hace o deshace carreras en la policía, dice el diario neoyorquino, no es la capacidad de sus miembros de impedir o resolver crímenes, sino el evitar que se lleven a cabo acciones de protesta contra las autoridades. Así era también en el México del PRI, aunque hoy quién sabe qué determina que un policía ascienda o fracase.

Conclusión . Algunos países como España, la República Checa o Chile, han logrado transitar bien del autoritarismo a la democracia. Otros siguen funcionando como autoritarios; algunos relativamente bien, como China y otros menos bien, como Cuba. Finalmente, otros se pasmaron en el trayecto del cambio, como es ahora el caso de Rusia o México, pero en este proceso quien no avanza finalmente retrocede. Ojalá nosotros, ambos, podamos volver a avanzar.

PLAZA PÚBLICA / PAN: paradojas democristianas

Sin ser un partido democristiano, el PAN encabeza la organización de esa familia ideológica en América, debilitada por recientes y lejanas derrotas políticas relevantes

Miguel Ángel Granados Chapa

(5 agosto 2010).- Debido a problemas internos del PAN, ese partido que no es demócrata cristiano porque esa definición no está contenida en sus documentos definitorios, paradójicamente encabeza por segunda vez a la agrupación de alcance continental que reúne a los partidos de esa familia ideológica, que en general ha venido a menos.

Después de Manuel Espino, que concluyó su mandato, el senador Jorge Ocejo se convirtió en el segundo panista en presidir la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Su antecesor, empujado cada vez con más insistencia a las márgenes del partido que encabezó, y en riesgo de expulsión, se transformó -en una nueva paradoja- en apóstol de la democracia cristiana, en horas en que ya no puede influir ni en la ODCA ni en el PAN.

Espino trató de impedir que un miembro de Acción Nacional lo sucediera en esa organización panamericana de partidos que se consideran de centro y que escoran hacia la derecha. Pero a su vez el calderonismo se manifestó resuelto a desplazarlo del baluarte en que se había refugiado al concluir su periodo como líder nacional panista. Para ello era imprescindible que a la cabeza de la ODCA, cuya sede fue traída a México desde Santiago de Chile por el propio Espino, no quedara nadie cercano a éste y, mejor aún, que se ubicara allí un adversario suyo. El lance fue ganado por el presidente Felipe Calderón y su hombre en el partido, César Nava.

Ocejo era director de relaciones internacionales del PAN en 1998 y 1999, los años en que bajo el liderazgo de Calderón ese partido dejó de resistir las presiones para que ingresara en la Internacional demócrata cristiana, de modo que Ocejo estableció ligas con la ODCA desde ese momento, y luego como secretario de relaciones en los dos años siguientes las consolidó. Así que no llega a territorio desconocido, pero sí es ajeno a las pulsiones democristianas en el continente. La vigorosa presencia del PDC chileno se agostó hasta declinar, y como ese partido, el de los dos Eduardo Frei, quedó vencido en la reciente elección presidencial, tiene ya poco que decir fuera de sus fronteras. Lo mismo ocurrió a la también en su tiempo poderosa democracia cristiana de Venezuela, prácticamente extinta hoy. De esa suerte, los partidos que llegaron a gobernar esas dos repúblicas y ejercían fuerte influencia en el ámbito latinoamericano, han quedado desplazados y, paradoja de nuevo, ocupa su lugar el PAN.

Acción Nacional fue durante años renuente a vincularse con partidos extranjeros. Rafael Caldera, el dirigente democristiano de Venezuela y uno de los líderes más respetados de esa familia política (hasta antes de su segunda elección como Presidente de su país en 1993) insistió muchas veces en atraer al PAN al seno de las agrupaciones de ese credo, sin éxito. Al contrario, cuando los dirigentes juveniles panistas Hugo Gutiérrez Vega y Manuel Rodríguez Lapuente, así como otros panistas de izquierda como Horacio Guajardo impulsaron en el comienzo de los años sesenta la conversión del partido a la democracia cristiana, sufrieron tal rechazo que resolvieron abandonar la organización a la que habían dado lustre con su ardor combativo.

Durante la mayor parte de la docena de años en que el PAN ha pertenecido a las agrupaciones internacionales democristianas su participación fue tenue, hasta que Espino obtuvo la presidencia de la ODCA y desde allí ganó influencia en la Internacional de partidos del centro (al punto de que pretendió colocar en alguno de sus órganos de gobierno a Vicente Fox, ya ex Presidente, por más que el guanajuatense lo ignore todo acerca del credo de esas agrupaciones).

En cambio Espino se ufana ahora de su militancia en esa familia. El libro Volver a empezar, aparecido hace un año, con el que el ex líder nacional panista busca mantenerse activo ante las esferas de dirección de su partido, se subtitula Un llamado a la perseverancia desde la Democracia Cristiana. Espino reasume la función tercerista que en una época favoreció el auge de la idea y la acción democristianas en América Latina:

"Mucho antes de que existieran los extremos situados en la izquierda o en la derecha, y aun después de que dejaron de tener significado político, el humanismo cristiano ya había forjado un pensamiento de contornos claros y precisos en la cultura occidental. Se había ubicado en el centro político que pugna por los derechos humanos y los defiende, por la economía de mercado con responsabilidad social y por la democracia como forma de convivencia ordenada al bien común. Lo hizo reconociendo a la persona -en lo individual y lo colectivo- como su principio fundamental, como su fin y no como su medio".

El próximo lunes el comité nacional panista iniciará el procedimiento para sancionar a Espino por su activa oposición a las alianzas que enlazó el PAN con otros partidos. Se le reprocha especialmente su combate a la candidatura de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, que practicó recordando la pésima opinión que del ex director del ISSSTE tuvo antaño el propio Calderón. Quizá se trata de hostigarlo para empujarlo a salir del partido, pero Espino parece dispuesto a esperar la expulsión pero no a marcharse por voluntad propia. Quizá elija mantenerse panista convertido en conciencia democristiana de su partido. Dice en Volver a empezar que los militantes de esa filiación están "decididos a ser la mejor alternativa progresista y moderna frente a las opciones que no han logrado satisfacer las expectativas de mejor calidad de vida de todos los pueblos".



Cajón de Sastre

El 21 de julio murió la doctora Carmen Viqueira Landa, nacida en Badajoz en 1923 y llegada a México con el exilio español. Se graduó en sicología en la UNAM y se doctoró en ciencias sociales en la Universidad Iberoamericana con una tesis sobre etnosicología. Allí fue primero alumna y luego esposa del doctor Ángel Palerm Vich y juntos o cada uno por su parte dinamizaron las investigaciones antropológicas en esa universidad de los jesuitas. Dirigió en la UIA el Departamento de Antropología, y de esa institución recibió en 1999 la medalla de oro José Sánchez Villaseñor por sus aportaciones. Fue miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Amén de su propia obra de investigación -por ejemplo sobre los sistemas hidráulicos prehispánicos- se le tendrá presente por la multitud de profesionales de las ciencias sociales a los que formó.

miguelangel@granadoschapa.com

miércoles, 4 de agosto de 2010

Chatarrerías / Sergio Aguayo Quezada

Sergio Aguayo Quezada

(4 agosto 2010).- En cualquier momento las secretarías de Educación Pública (SEP) y Salud (SS) fijarán su posición sobre el tipo de alimentos que comerá la niñez el próximo año lectivo. La palabra final vendrá de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). ¿Privará el interés general o triunfarán las empresas que venden comida chatarra?

En el 2006 salió la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) prendió la luz de alarma: el país enfrenta una epidemia nacional de sobrepeso y obesidad porque 70% de la población adulta lo padece. La inquietud se extiende y se forja el consenso entre sociedades médicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación nacionales y extranjeros. Sale más y más información científicamente validada y así sabemos que las enfermedades desencadenadas por la epidemia tienen costos directos e indirectos de 80 mil millones de pesos por año. La Academia Nacional de Medicina de México sintetiza el estado de ánimo al asegurar que "el costo de no hacer nada es sumamente elevado".

Se coincide en que la mejor estrategia es prevenir, y ese razonamiento pone la atención en las escuelas mexicanas donde se prepara para la obesidad a nuestros chiquillos y chiquillas: 26% de los niños tiene sobrepeso. Los secretarios de Educación Pública y Salud, Alonso Lujambio y José Ángel Córdova, reaccionan positivamente y sacan los "Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar". El documento, difundido el 26 de mayo pasado, recibe un amplio respaldo.

Como el gobierno federal tiene sobrepeso, la norma burocrática dicta que los "Lineamientos" sean enviados a la Cofemer, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, que hace una consulta pública que hasta hoy ha recibido 860 comentarios; 687 de la sociedad, 163 de la industria y 10 de agencias de gobierno. El 22 de julio emite un dictamen preliminar que refleja con fidelidad los puntos de vista de las empresas interesadas en el asunto: Coca-Cola, PepsiCo, Sabritas, Grupo Jumex, Grupo Bimbo, etcétera.

La parcialidad es comprensible porque entre los invitados permanentes de la Cofemer está la cúpula empresarial en pleno. En esa institución no hay nadie representando los intereses de los consumidores, de la sociedad y ni siquiera tienen al académico que generalmente ponen de florero en ese tipo de organismos públicos. El doctor Salvador Villalpando del INSP ilustra la parcialidad al señalar que la Cofemer "no les pide a las industrias probar lo que dicen, como sí lo hace" con quienes critican la comida chatarra.

Se desencadena un debate en el cual las empresas argumentan que eliminar la venta de esos productos impactará en toda la cadena productiva y se perderán empleos; que afecta la certidumbre tan indispensable para los inversionistas; que se arriesga la salud de los niños porque no hay higiene ni agua limpia en muchas escuelas mientras que las papitas y pastelitos sí están bien empacados; y que se alienta la informalidad porque se multiplicarán los puestos con jícamas, mangos y piñas espolvoreadas con chile piquín. Para ellos los "Lineamientos" de la SEP y la SS son "incongruentes, inexactos e improcedentes".

Entre las frases acuñadas por la industria de alimentos chatarra estarían que "los seres humanos nacen con una preferencia innata por lo dulce" y que los "refrescos son saludables, legales, inocuos y compatibles con una dieta saludable". Proponen reducir el tamaño de las porciones y prolongar el tiempo de aplicación de la norma; les falta decir (no lo hicieron) que los obesos pueden comprar esos productos mágicos para adelgazar que anuncia la televisión. En otras palabras rechazan la regulación por un motivo que explica, en entrevista telefónica, el doctor Simón Barquera del INSP: las ventas en las escuelas representan unos 40 mil millones de pesos al año.

El debate replica lo escuchado en otros países. Como la evidencia científica es tan sólida, en las democracias donde el gobierno sí funciona ya prohíben ese tipo de alimentos en las escuelas. Nosotros estamos a la espera del veredicto de los doctores de la SEP y la SS, que será corregido o ratificado por el maestro Alfonso Carballo Pérez, el titular de la Cofemer.

El gobierno federal ya entregó la educación a Elba Esther Gordillo y su grupo, y la alimentación de los niños ya está en manos de las empresas que producen alimentos chatarra. En la decisión que viene, ¿pensarán en la salud pública y la epidemia de sobrepeso?, o, por el contrario, ¿aceptarán tácitamente que son un gobierno chatarra?



LA MISCELÁNEA

Soy integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública. El cargo es honorífico y las opiniones vertidas en esta columna no comprometen a dicha institución en donde, sin embargo, se generó buena parte de la información en la cual se basa esta columna.

Reforma / 4 Agosto 2010
Opinión, Pag. 14

Plaza pública / Ferrari y Maciel

Miguel Ángel Granados Chapa

Una lógica enrevesada ha solido regir la mudanza de miembros del gabinete presidencial. Los funcionarios despedidos son elogiados con tal desmesura que obliga a preguntar por qué si están adornados con tantas virtudes y talentos se les separa del cargo. Y viceversa: se designa a personas que en su trabajo previo han mostrado un triste desempeño, para decirlo de modo suave.

Esto último fue el caso del Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a quien muchas personas después del 4 de julio esperaban que fuera despedido de la secretaría de gobierno de Baja California, debido a su fracaso electoral, que eliminó el predominio panista que en el ámbito municipal de esa entidad alcanzaba ya por lo menos dos décadas.

Y cuando el Presidente elogió sus aptitudes en el manejo de la seguridad pública, de inmediato quedó claro que exageraba, pues el combate a la delincuencia organizada, principalmente en Tijuana, y en todo el estado, ha corrido a cargo del Ejército que, no exento de excesos y deformaciones, realiza tareas propias de las policías y contuvo la violencia criminal, y que por lo tanto el secretario de gobierno era ajeno a la proeza.

El mismo día en que fue designado Blake Mora por las sinrazones anotadas, fue nombrado secretario de economía el doctor Bruno Ferrari, durante los últimos años director de Pro México, un organismo cuya función primordial era atraer inversión extranjera a nuestro País.

Poco después de su designación apareció el motivo de su ascenso: la colocación de capitales foráneos en nuestro País ha descendido de modo muy pronunciado, 51 por ciento menos en 2009 que en 2008, que fue también un año malo. Un informe de la Comisión económica para América Latina documentó el fracaso de la atracción de inversiones, lo que equivale a hablar de la ineficacia de Ferrari.

Claro que un fenómeno económico de esa magnitud no es generado por una sola causa y mucho menos por la incapacidad de una sola persona. Pero las cuentas que rindió Ferrari al frente de Pro México, también encargado de promover el comercio exterior mexicano, tarea que por ley está reservada al banco nacional correspondiente, Bancomext, lo mostraron como un funcionario que no pudo enfrentar con armas suficientes, institucionales y personales, la crisis de 2009.

No necesariamente él causó el fracaso, pero la disminución de las inversiones extranjeras se anota en el debe del organismo encargado de atraerlas. No se puede responsabilizar al Secretario de Salud de que el dengue se extienda, pues el mal se origina en muchas fuentes, pero si no fuera atendido apropiadamente, la tacha sería para el funcionario.

Si no queremos atribuir a esa ineptitud de Ferrari su elevación al gabinete, como ocurrió en el caso de Blake Mora, entonces deberíamos buscar la causa de su incorporación al primer nivel del Gobierno en otra franja de su biografía. Desde que se difundió la misma se esbozaron las probables causas de su nombramiento. Se han hecho bromas al respecto, pues su formación en ciencias religiosas y familiares, y en derecho canónico, suscita la idea de que la economía nacional sólo alcanzará velocidades y ritmos de crecimiento incuestionables mediante un milagro, para solicitar el cual conviene contar con alguien familiarizado con asuntos religiosos o por lo menos eclesiásticos.

Ferrari ha sido un apologista de la Legión de Cristo y panegirista de Marcial Maciel, su fundador. Ferrari se ufanaba de su proximidad con esa congregación y el prohombre que la creó. Y si bien es cierto que sólo recientemente, con los graduales y diversos cuestionamientos asestados a Maciel y su obra, la perversión y perversidad de ese hombre son definición oficial, también lo es que al menos desde 1997 había sido presentada tal evidencia de sus deleznables conductas, que al menos hubiera mitigado los entusiasmos que el cotijense despertaba a su alrededor.

Cuando se cumplieron 50 años de la fundación de los Legionarios, en enero de 2001, Ferrari cantó su "alegría de ver la abundancia de los frutos resultado de la entrega de un hombre que ha dado toda su vida por seguir a Jesucristo". Narró que "el acto central de las celebraciones lo constituyó la ordenación de 37 jóvenes legionarios de Cristo originarios de 9 países: 10 de España, 10 de Estados Unidos, 9 de México, 2 de Alemania, 2 de Francia, 1 de Brasil, 1 de Italia, 1 de Irlanda y el primer legionario holandés. Con estos son ya 470 los sacerdotes de la congregación provenientes de 40 distintas naciones, siendo éste un signo inequívoco de la universalidad de la Iglesia.

"No puedo dejar de mencionar lo impresionante que es constatar cuánto ha crecido la Legión en tan poco tiempo, sobre todo considerando que al momento de la fundación el padre Marcial Maciel era un seminarista con sólo 20 años de edad seguido por 13 adolescentes en una sede que no era otra cosa que el sótano de una casa del Distrito Federal.

"Al celebrar este aniversario, los Legionarios guiados por la mano de su fundador y con renovadas fuerzas y esperanzas se aprestan para continuar cumpliendo la misión que les asignara el papa Pío XII. En este momento tan especial que se da a pocos días de que el padre Marcial Maciel cumpla 80 años de edad, nos sumamos a la alegría de esta congregación religiosa con la satisfacción de saber que la labor de un mexicano trasciende fronteras, convirtiéndose en un ejemplo a seguir", El Norte, 25 de enero de 2001.

Nadie objeta las convicciones de Ferrari. Únicamente las recordamos.

CAJÓN DE SASTRE

Un informe de la Sedena a senadores, en abril pasado, situó en 22 mil 700 el número de vidas segadas por las diversas caras de la violencia criminal; disputas entre bandas y la guerra que el Estado les declaró. El incremento de víctimas, que no cesa, ha hecho subir la cifra a 28 mil, según informó el director del Centro de investigaciones en seguridad nacional, Cisen, Guillermo Valdés. La inmensa mayoría de esos homicidios queda sin investigar, y buena parte de quienes los padecen van a dar a la fosa común, a diferencia de lo que ocurrió con los jefes de alto nivel como Arturo Beltrán Leyva o Ignacio Coronel, cuyos familiares se presentaron a demandar la entrega de los cadáveres. Es una mortandad notoriamente superior a la que ocurre en los países donde combaten tropas norteamericanas invasoras, en lucha contra la resistencia local.


Reforma / 4 Agosto 2010
Opinión, Pag. 11

Estrictamente Personal / Los queremos vivos

Raymundo Riva Palacio

Los queremos vivos

Desde las infanterías, las que más expuestas están a todo, ha venido creciendo en los últimos días un movimiento para unirse y enfrentar la violencia del narcotráfico en contra de periodistas.

Llamado "Los Queremos Vivos" y emanado en el Distrito Federal, fue detonado por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, tres de ellos de Televisa y Milenio TV, que hizo sentir a muchos en la capital federal que el peligro tocaba a la puerta. Como en todas las guerras, la capital es el último campo de batalla, y el haber afectado a medios de cobertura nacional, generó esa fina línea helada que recorre el cuerpo cuando le entra el miedo.

La violencia del narcotráfico contra periodistas es vieja, pero en el Distrito Federal nunca pasó de ser, para muchos, una anécdota de la larga batalla contra los cárteles de la droga. Inclusive, un director de medio prominente afirmaba desde hace años que los periodistas víctimas de la delincuencia organizada estaban ligados a ella. Y cuando se buscaban blindajes al trabajo cotidiano, decía que no porque los periodistas eran igual que todos. Esa postura, muy socorrida por las mentes más reaccionarias e incultas, contribuyó a la desunión del gremio.

La actual coyuntura ha derrumbado esa mezquindad y estrechez de miras, y se empieza a construir dentro del gremio el consenso que si bien el periodista tiene todos los derechos y obligaciones de un ciudadano, la definición de su trabajo obliga a extender protección a su labor. La naturaleza del periodismo es informar, explicar y aportar elementos que le permitan a un ciudadano tomar mejor sus decisiones. Por ello se afirma que sin prensa libre no hay democracia, y que todo proceso de transición democrática pasa necesariamente por la prensa.

Hay casos documentados de abusos y, cierto, han faltado castigos gremiales y sociales contra quienes los cometen. Pero las excepciones no pueden ser regla. El silencio al que se ha llegado en los medios de la frontera norte por las amenazas del narcotráfico se extiende por más de un lustro, y la ciudadanía ha dejado de recibir la información sobre lo que sucede en su comunidad. El despegue de las redes sociales en los últimos meses ha empezado a llenarles los vacíos, con la salvedad que esos vehículos no disponen, por su propia naturaleza, de los mecanismos de control y verificación de información que tienen los medios.

Decenas de periodistas han muerto en los últimos años víctimas de narcotraficantes. Decenas de medios, no sólo en la frontera norte, sino cada vez extendiéndose más hacia el sur, han sido silenciados por el miedo ante el hecho que las instituciones que deberían proveer seguridad no sólo a la prensa sino a la sociedad toda, son tan débiles, están tan minadas y totalmente rebasadas, que son incapaces de proveer los mínimos de seguridad necesarios. "Los Queremos Vivos" galvaniza esa frustración y miedo. Pero viniendo de las bases su alcance será corto. Tienen mucho voluntarismo, pero con todo lo encomiable que es, no basta.

El cambio, puesto que la autoridad no se fortalecerá en el corto plazo ni siempre serán periodistas de Televisa y Milenio los afectados para que responda con prontitud el gobierno federal, no puede ser solamente de las infanterías. Es absolutamente injusto dejar en ellas la solución final porque no está finalmente ni en sus manos ni dentro de sus posibilidades. Está en los dueños, para que modifiquen sus políticas laborales y de seguridad, y en los editores, para que establezcan códigos de prácticas dentro de cada empresa y se pongan de acuerdo sobre cómo informar sobre el narcotráfico.

No es con desplegados de prensa manufacturados por las élites y llenos de enunciados como se hacen las cosas, sino con acciones a partir de la pregunta básica: ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Si no se establece ese primer criterio de definición no hay avance, y esto es importante para establecer si existe consenso entre los medios sobre de qué lado están, y a quiénes ven como los buenos y a quiénes como los malos. En Colombia, los narcotraficantes, no el gobierno, eran lo malos; en España, ETA era terrorista. En México, a veces no se sabe si el malo es el gobierno y los cárteles de la droga los buenos.

Otro criterio debe ser la forma de cobertura. Los medios están inundados del lenguaje criminal, desde las malas palabras hasta utilizar "levantón" en lugar de secuestro y "ejecución" en lugar de muerte, por decir las más ordinarias. La confusión semántica ha llevado a barrabasadas, como decir que el Ejército "levantó" a un criminal. Habría que eliminarlas del lenguaje cotidiano, como también replantear qué imagen se difunde y cómo se hace. Las de muertos tendrían que ser en tomas abiertas y lejanas, no en detalle y primeros planos, y los civiles clasificados como "daños colaterales" no deberían de mostrarse. También deberían priorizarse las imágenes de los criminales sobre la de policías y militares muertos, y de los mensajes en las narcomantas, que hoy se difunden como boletines de prensa de la delincuencia organizada en forma acrítica y sin contexto, tendrían que desaparecer, no en su registro, sino como propaganda.

Con ello habría un gran avance, pero no suficiente. Los dueños tienen la palabra. La cobertura cada vez más sofisticada que se necesita significa mayor gasto. Una parte es para capacitación y entrenamiento. Pagas extraordinarias a quienes realizan su trabajo en las zonas de violencia es otra. Seguros de vida para proteger a los suyos, es una obligación. Este gasto no se recupera monetariamente, pero ganan calidad de información. ¿Están dispuestos los dueños a trabajar en esa nueva ecuación?

Muy pocos han mostrado esa intención. En cambio, quieren protagonismo y asumir bajos costos. Modificar el statu quo sería la demostración de entender que la actividad periodística tiene que madurar y que ellos, como batuta real del cambio, están listos para hacerlo. De otra manera, si las cosas siguen como hasta ahora, cuando se baje la angustia y se empiece a procesar el miedo racionalmente, nos despertaremos con que nada cambió, se seguirán transfiriendo las obligaciones y costos al gobierno federal, y "Los Queremos Vivos" pasará a ser otra iniciativa al calor de los acontecimientos y sin impacto en el largo plazo. Las infanterías, que son las que ponen su vida en riesgo, no se merecen ese destino. Lamentablemente, mucho de ello está fuera de sus manos, salvo gritar.



rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa


El Financiero 8128 / 4 Agosto 2010
Política, Pag. 29

martes, 3 de agosto de 2010

Plaza pública / Mexicana y sus pilotos

Miguel Ángel Granados Chapa


Algo tiene de soez la oferta de Mexicana de Aviación para que sus pilotos saquen al buey de la barranca: por un peso se quedarían con la aerolínea más antigua del País. Pero también con un pasivo enorme, que el año pasado era de casi 14 mil millones de pesos, frente a activos que importan casi 12 mil millones de pesos. Es decir, que los miembros de la Asociación sindical de pilotos aviadores deberían responder por un déficit de más de 2 mil millones de pesos y, por lo tanto, serían dueños de una empresa que se aproxima a la quiebra si no encuentra nuevos socios que la capitalicen.

Con razón el domingo la ASPA rechazó ese ofrecimiento, retórico o insolente de la empresa con la que contratan, que no contó con el aval del Gobierno federal para lanzar en los mercados internacionales un bono por 250 millones de dólares, de una cuarta parte de los cuales resultaría fiador el Banco Nacional de Comercio Exterior.

La aerolínea buscaba con ese crédito enfrentar otro que le otorgó el propio banco, por casi mil millones de pesos, que Mexicana está en complicaciones para pagar. O de plano imposibilitada para hacerlo. A fin de rehabilitarse, como lo ha hecho otras veces, la empresa pretende reducir la dimensión y las remuneraciones del personal de pilotos, extremo al que tampoco están dispuestos los tripulantes de las naves de Mexicana, pues ya antes hicieron una contribución semejante sin resultados positivos para preservar la fuente de trabajo ni siquiera a mediano plazo.

Empresa privada exitosa a lo largo de un cuarto de siglo, merced a diversos subsidios y apoyos gubernamentales, en 1982 el Gobierno tomó el control de Mexicana mediante la adquisición de 54 por ciento de su capital. En la ola privatizadora levantada por el Presidente Carlos Salinas, la empresa fue entregada al Grupo Falcón, que la mal administró en la fiebre especulativa que finalmente condujo al crack de diciembre de 1994 y la gran crisis del año siguiente. Como muchas otras empresas endeudadas en exceso, Mexicana fue a dar al Fobaproa, y por lo tanto a su causahabiente, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

A efecto de privatizar de nuevo la aviación fue constituida la Controladora Internacional de Transporte Aéreo, que manejó a Mexicana y a Aeroméxico. La oferta prudente desde los intereses nacionales era vender las dos empresas juntas, pero al resolverse su separación, las acciones de cada una se abarataron.

Y en ese momento, mediados de 2005, se emitió la convocatoria en la que resultó triunfante el Grupo Posadas, que en diciembre de ese año pagó por Mexicana 165.5 millones de dólares. Tal vez fue el precio de ganga, y no la viabilidad de la compañía lo que alentó a adquirirla, porque pocos meses después el grupo comprador inició sus peticiones de auxilio. A mediados de 2006 la administración de la aerolínea "solicitó a los trabajadores realizar sacrificios extraordinarios", dice la Aspa en una carta al presidente Calderón. "Nuestra organización aceptó, no sin dificultades, aportar de su contratación colectiva, es decir, salarios y prestaciones, cerca de 200 millones de dólares a lo largo de cuatro años".

Puesto que, a su vez, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación no aceptó los arreglos propuestos en 2006 por la empresa, ésta pretendió forzarlos al año siguiente. En marzo de 2007 inició un conflicto colectivo de naturaleza económica contra ASSA, destinado a reducir considerablemente sus percepciones. El asunto se halla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estudia si ampara o niega la protección de la justicia federal a la agrupación sindical, contra un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que aprobó las razones empresariales para recortar salarios y prestaciones de los sobrecargos.

Los pilotos acusan a la empresa de manejar su integración sin reparar el daño que infligen al eje del Grupo Mexicana: "Nuestra empresa ha sido desmembrada y el equipo administrativo la ha convertido en un producto inviable, afectando en los mercados internacionales el crédito y el buen nombre de esta insignia de nuestro País".

Se han constituido por lo menos cuatro empresas que, argumentan los trabajadores, se montaron con recursos extraídos de la aerolínea principal. Se trata de dos líneas de bajo costo, que lo son porque abaten los pagos al personal, cuya menor calidad relativa acrecienta los riegos de la operación, así como una empresa dedicada al mantenimiento y otra a las reservaciones, que sustituyeron a los departamentos respectivos.

Rechazada por ASPA la oferta de recibir la empresa por un solo peso, y la más realista pero inadmisible desde su perspectiva de hacer concesiones como las de 2006 que no rindieron el fruto anunciado, Mexicana se aproxima al concurso mercantil, la forma contemporánea de la suspensión de pagos que ha solido ser la antesala de la quiebra, aunque su propósito formal sea evitarla. Por eso los pilotos pidieron en su carta pública a Calderón que intervenga "para que ASPA participe en nuevas opciones con otros inversionistas interesados en capitalizar y fortalecer a Mexicana de Aviación".

El sindicato de pilotos corre el riesgo, al alentar la participación de nuevos accionistas, de convertirse en ariete indebido contra Mexicana de Aviación y sus actuales administradores. Pero tiene pleno derecho a procurar la preservación de sus condiciones laborales, evitando que ello signifique minar la posición de la empresa y empeorar de ese modo sus dificultades.

Indicador Político / Camacho se inclina por Ebrard

Carlos Ramírez

* Camacho se inclina por Ebrard.
* Y quieren quitarle DF a AMLO.


El proceso de selección del candidato del PRD-PT-PC a la presidencia en el 2012 tuvo el fin de semana tres elementos negativos:

1) Luego de regañar severa y públicamente a Andrés Manuel López Obrador por su auto destape del domingo 25 de julio y de obligarlo a someterse a las reglas de esperar la encuesta de finales del 2011, Manuel Camacho estuvo presente en la reunión de lanzamiento de la candidatura de Marcelo Ebrard el pasado fin de semana a través de una asociación civil. Con ello, Camacho perdió credibilidad e imparcialidad para manejar el proceso de elección interna del candidato de la alianza PRD-PAN-PC.

2) La candidatura de Ebrard depende de un pacto político y una alianza electoral del PRD con el PAN. La estrategia Camacho-Ebrard se basa en el reparto de las nominaciones en el Valle de México: el PAN se quedaría con la candidatura mexiquense y el PRD conservaría el DF, pero en ambas plazas los dos partidos aliados. Este modelo audaz depende de que César Nava y Jesús Ortega mantengan el control de las presidencias del PAN y del PRD, un hecho bastante difícil.

3) Camacho y Ebrard quieren quitarle el control político del DF al PRD y revivir el Partido del Centro Democrático camachista que tronó en el 2006. El gran paso será la designación de un candidato camachista-ebrardista para la jefatura de gobierno del DF, desplazando a los perredistas.

Por tanto, la competencia López Obrador-Ebrard ha iniciado una verdadera guerra de posiciones. La presencia de Camacho en la reunión de inicio de funciones del grupo promotor de la candidatura de Ebrard representó un indicio de la desesperación de los dos por ir perdiendo en el juego abierto y sin limitaciones de López Obrador. Esa presencia de Camacho reveló, por lo demás, que Camacho ha regresado a los juegos perversos salinistas de decir una cosa y hacer exactamente lo contrario.

Camacho y Ebrard han iniciado una maniobra palaciega para quitarle el gobierno del DF y el control de los grupos perredistas al PRD y transferírselos a un grupo camachista-ebrardista de corte priista que los dos tuvieron cuando representaron a Carlos Salinas en el Departamento del Distrito Federal y luego reaglutinados en el Partido del Centro Democrático. Por eso Ebrard creó su propia asociación civil al margen del PRD y por eso también reorganizó el equipo central en el GDF para neutralizar a los lopezobradoristas y enfilar a "su" candidato a la jefatura de gobierno en el 2012. La carta de Ebrard para la candidatura del PRD al GDF es Mario Delgado, su tecnócrata exsecretario de Finanzas y hoy secretario de Educación.

El pacto PAN-PRD para operar alianzas en las elecciones del Valle de México ya ha repartido posiciones: el PAN designaría al candidato a gobernador en el Estado de México y el PRD al candidato a jefe de gobierno del DF. Sin embargo, falta tomar en consideración el factor López Obrador: el tabasqueño pugnará por evitar la alianza PRD-PAN en el Estado de México y empujar como candidato perredista a Alejandro Encinas o a la senadora Yeidckol Polevnsky -Citlalli Ibáñez Camacho es su verdadero nombre-. Y asimismo buscará recuperar el control del GDF que le cedió a Ebrard al nombrarlo candidato en el 2006 y usar su base social para favorecerlo.

En el DF se dará una verdadera batalla de tribus perredistas. El punto central gira en torno a la afirmación de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2006 de que la designación de Ebrard como candidato del PRD en el 2006 significó la entrega del bastión político perredista de la capital de la República al grupo político al que se la arrebataron en 1988 y 1997: el Grupo Salinas-Camacho. Cárdenas ganó el DF en 1988, luego Camacho y Ebrard lo recuperaron para el PRI en 1991, Cárdenas se los volvió a quitar en 1997 y López Obrador se los cedió a Camacho y Ebrard en 2006. Ahora Camacho y Ebrard quieren imponer a Mario Delgado como candidato, en alianza con el PAN, para desplazar definitivamente al cardenismo y al lopezobradorismo en la ciudad de México en una alianza del PRD de Ortega-Ebrard con el PAN de Nava.

La disputa del DF se va a resolver en el Estado de México un año antes. Por eso López Obrador, sin hacerle caso a las reglas de Manuel Camacho, iniciará en tres semanas un recorrido por los 125 municipios mexiquenses y con ello posicionar a sus precandidatos. Asimismo, el tabasqueño movilizará al PRD para recuperar su autonomía política y bloquear cualquier alianza con el PAN de Nava. Al mismo tiempo, López Obrador buscará fortalecer sus piezas dentro del gobierno del DF, donde Martí Batres Guadarrama sería la carta fuerte desde la posición de secretario de Desarrollo Social que Ebrard no ha podido quitarle, y evitar la alianza con el PRD-PAN.

Así que por debajo de la urbanidad de Ebrard y López Obrador otorgándose elogios mutuos existe una verdadera lucha perversa por el poder entre los dos por las candidaturas a jefe de gobierno y a presidente de la República en el 2012. Esa batalla definirá el rumbo de la coalición neopopulista del PRD.



(INVITACIÓN: Pasado mañana jueves 5 de agosto, a las 7 PM, se presentará en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo el libro La comuna de Oaxaca, del autor de Indicador Político. Participarán Alejandro Ramos, Ricardo Alemán y René Avilés Fabila. Todos están invitados.)



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El Financiero 8127 / 3 Agosto 2010
Política, Pag. 28

lunes, 2 de agosto de 2010

Plaza Pública / La Supervía y la gente

Miguel Ángel Granados Chapa

(2 agosto 2010).- Llegó agosto y con él se acrecienta el riesgo de que sean desalojados -si no lo fueron ya a esta hora- residentes de la colonia La Malinche, que se oponen a la demolición de casas expropiadas para construir la Supervía, una autopista urbana de peaje que unirá a Santa Fe en el poniente del Distrito Federal con las avenidas sureñas San Jerónimo y Luis Cabrera. Son el último reducto de un movimiento que mediante el ejercicio del derecho y el activismo social resiste una obra pública que de varios modos beneficiará a una minoría, por más voluminoso que sea el tránsito que se desplace sobre sus carriles de concreto.

La protesta de los más resueltos defensores del ambiente y de los derechos de las personas ha estado amenazada desde el 21 de julio, en que la empresa Controladora Vía Rápida Poetas notificó que estaba por comenzar las obras. La semana pasada los amagos de desalojo corrieron por cuenta de la autoridad capitalina, que se dispone a iniciar la carretera pese a todo. "La obra va a ir adelante -dijo el jefe del Gobierno, Marcelo Ebrard, el jueves pasado-; de hecho en este momento estamos en demolición, está todo previsto y en el mes de agosto vamos a estar al 100 por ciento" (Reforma, 30 de julio). La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ha mostrado preocupación por la opacidad del proyecto, mantiene visitadores en La Malinche, para evitar que los resistentes sean agredidos. Quizá la propia CDHDF tenga que mediar en el aparentemente irresoluble litigio entre un sector de los pobladores de la zona directamente afectada y el gobierno de la ciudad.

Son varios los motivos de la oposición a la Supervía. El principal concierne a la preservación de áreas verdes imprescindibles para el equilibrio ambiental. Aunque la secretaría respectiva en la administración del DF estableció condiciones al proyecto, para aminorar su impacto ambiental, el daño central no se evita según los objetores. También protestan porque se trata de un negocio privado cuya ganancia puede resultar de la afectación al patrimonio público, pues el título de concesión ofrece ventajas leoninas a quienes construyan y exploten la vía.

"Un grupo de personas comunes -dicen de sí mismos- que habitan en las zonas afectadas decidieron dar cauce institucional a su movilización ciudadana interponiendo un juicio de amparo para frenar la construcción de la megaobra...". Aunque la justicia federal negó la suspensión del acto de autoridad impugnado en ese juicio, son válidos los argumentos de quienes se oponen a la obra, porque se trata de "un negocio redondo propiciado por el gobierno capitalino a favor de la concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, que compromete la sustentabilidad de la Ciudad de México", pues en el título de concesión "se le asegura no perder un peso de su inversión, ganancias de diez por ciento anuales, la posibilidad de llevar a cabo obras complementarias, además de los compromisos del gobierno de liberarle el derecho de vía..., indemnizar a la empresa si concluye anticipadamente la concesión, y facilitarle todos los permisos, incluidos los ambientales, que sean necesarios para realizar la obra, bajo pena de reembolsarla si no cumple estos términos de la concesión".

El Frente amplio contra la Supervía se opone igualmente a esa obra "en defensa de sus derechos a la participación directa y efectiva en la conducción de asuntos públicos, a recibir información previa a la toma de una decisión que afectará su forma de vida, y al derecho a la vivienda, que más allá de proteger solamente sus domicilios implica la defensa de su entorno".

El gobierno de la ciudad, por su parte, insiste en la necesidad de comunicar dos extremos de la capital con notable ahorro de tiempo, así como en la pertinencia de concluir obras iniciadas en la administración de López Obrador. En efecto, la avenida de los poetas, integrada básicamente por los puentes que llevan los nombres de Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines, permite a los automovilistas salir de Santa Fe con algún desahogo pero muy pronto se topan con nudos de vialidad estrecha que el actual gobierno pretende romper con la nueva obra.

La emprendió, sin embargo, con un ánimo autoritario que no se condice con la definición de un gobierno democrático. En tal sentido, argumentan los objetores de la Supervía que el "GDF ha promovido esta obra a partir de decretos, sin debate legislativo y negando información sobre la obra, solicitada por medio de la ley de acceso a la información"; asimismo, "se ha negado a asistir a foros públicos de debate convocados por la Asamblea (Legislativa) y la UNAM".

De cara al autoritarismo, los oponentes a la supercarretera esgrimen el argumento de autoridad: "Se han manifestado en contra de esta obra: José Sarukhán, ecólogo, ex rector de la UNAM y presidente de la Comisión nacional para la biodiversidad: Adrián Fernández, presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE); y José Luis Luege, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de políticos de todo el espectro ideológico (PRD, PAN y PT)".

El Frente opositor reconoció, aun antes de frustrarse su pretensión de que se dictara la suspensión de la obra, que en ese caso "la única alternativa jurídica... sería acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo el dictado de medidas cautelares. Sin embargo, en los tiempos que se requieren, en la práctica no habría herramienta jurídica que pudiera" frenar la obra. Sólo queda la resistencia civil pacífica.


Cajón de Sastre

La muerte de Ignacio Nacho Coronel, como la de Arturo Beltrán Leyva tiene tan claros visos de una ejecución que el Ejército se ha visto obligado a aclarar que la instrucción al personal que localizó el paradero del poderoso narcotraficante era detenerlo vivo. Sin embargo, el perseguido opuso resistencia y en el lance perdió la vida, según la explicación oficial. Sería grave que la táctica frente a los altos jefes de la delincuencia organizada fuera la de ajusticiarlos al margen de la ley. Sería ineficaz hacerlo, porque se impediría que los procesos correspondientes produjeran información útil para el combate a su actividad, y porque aun los peores transgresores de la ley deben ser sometidos a juicios penales. El Estado no puede rebajarse a la misma condición de quienes matan sin miramientos de ninguna especie.


miguelangel@granadoschapa.com

Reforma 6,067 / 2 Agosto 2010
Opinión, Pag. 11

Indicador Político

Carlos Ramírez

* Prensa: narcomanta o crítica.
* Perder una noticia que la vida.


A Marcelita Gómez Zalce. Te extrañaremos en el periodismo



Cuando varios reporteros y camarógrafos fueron levantados por el crimen organizado la semana pasada para obligar a los medios a difundir videos de las mafias, la primera reacción periodística fue detener la cobertura informativa y exigirle al gobierno federal condiciones para la libertad de expresión.

Sin embargo, ese hecho se presentó como la gran oportunidad para que los medios redefinieran por sí mismos su papel en la difusión de hechos relacionados con la violencia del narcotráfico. En los últimos años los medios de comunicación se han convertido en narcomantas de los cárteles de la droga.

Asimismo, en la estrategia gubernamental contra el crimen organizado ha faltado un entendimiento con los medios, a excepción de la reciente política de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La difusión en los medios de hechos violentos ha sido errática, dispersa, crítica contra el gobierno, despiadada contra el Ejército y la policía y funcional a los intereses de las bandas criminales. El precario consenso social en torno a la estrategia contra el narcotráfico ha sido producto de la ausencia de una verdadera política informativa en torno a la violencia.

Hace pocos meses se desató una polémica en medios escritos si valía la pena continuar con el contabilizador de muertos. Y los medios concluyeron que sí, al tiempo que presentaron esa decisión como una conquista de la libertad de expresión. Pero más que contribuir a una percepción social más coherente del conflicto, ese contabilizador contribuyó a redinamizar el clima de violencia, no sirvió como ejercicio de la libertad de expresión y socializó el pánico.

La violencia contra los medios es parte de la cuota del ejercicio de la libertad de expresión. Basta revisar las bajas de periodistas en Irán, Afganistán y el Medio Oriente. Pero los editores de los medios estadounidenses no se rasgan las vestiduras. El problema en México es que existe una cobertura desordenada de campo y el gobierno carece de una política de información en esa materia.

En estos años los medios han preferido criticar al gobierno que al crimen organizado. El punto culminante de esa política fue la visita social que hizo Julio Scherer García, propietario de Proceso, a Ismael El Mayo Zambada como parte de la estrategia de relaciones públicas del propio narco. El texto de Scherer fue acrítico, casi en el mismo tono de los narcocorridos, con el tono de narcomanta, sin ninguna pregunta fuerte al asesinato de periodistas por parte del narcotráfico. El paso siguiente fue convertir a los medios y a los periodistas en aliados a base de apoyos o amenazas.

Los recientes secuestros de periodistas se convirtieron en un desafío para los medios, pero a partir del hecho de que su tarea no ha servido para explicar la crisis de seguridad sino para profundizar el pánico. A ello ha contribuido el descuido de los medios de una cobertura periodística más abierta, social, plural y no centrada en lo policiaco. De ahí que la crisis de seguridad de los medios obliga a un replanteamiento de las políticas informativas.

Y para ello hay un antecedente en Colombia, en plena crisis de seguridad a finales de los noventa. Se trató de un Acuerdo de discreción sobre la difusión de hechos violentos, firmado por 35 directores de medios de todo el país, en Santafé de Bogotá, el 4 de noviembre de 1999, a fin de no retroalimentar la violencia con el periodismo. El acuerdo -publicado por Germán Ortiz Leiva, especialista de la Universidad de la Sabana, en Colombia, en el sitio Sala de Prensa: www.saladeprensa.org/art293.htm- dice:

Conscientes de la responsabilidad social de nuestro oficio, los profesionales de los Medios de Comunicación de Colombia nos comprometemos con este Acuerdo por la Discreción, porque queremos contribuir al logro de la paz, al respeto de la vida y a la búsqueda del bien común.

1. El cubrimiento informativo de actos violentos -ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos- será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos.

Preferimos perder una noticia antes que una vida.



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carlosramirezh@hotmail.com

El Financiero 8126 / 2 Agosto 2010
Política, Pag. 34

Estrictamente Personal / Durango apesta

Raymundo Riva Palacio


En menos de un mes parece como si todo hubiera pasado en Durango. Una elección enormemente sucia, con robos de decenas de urnas realizados por policías judiciales y por enmascarados con armas largas, una directora de reclusorio que aceptó -por complicidad, miedo o dinero- que reos salieran regularmente de su prisión para matar personas, y el agudizamiento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación, mientras el gobernador, Ismael Hernández Deras, se dice libre de culpas y evade su responsabilidad por el desastre de que azota a Durango. La culpa es de él y de todos, que vimos cómo esa entidad sufría un creciente deterioro y no dimos la alarma. Lo que sucede ahí no es ningún síntoma; es el diagnóstico de un corazón enfermo.

La violencia desatada en las calles de Durango tocó la puerta por el sur, en Gómez Palacio, el 13 de mayo de 2007, cuando un comando atacó al empresario más rico e influyente de la región, dos veces expresidente municipal de esa ciudad, Carlos Herrera Araluce, y a su esposa Vilma Ale. Sus escoltas repelieron el ataque, que dejó como marca 80 tiros sobre la camioneta blindada del empresario-político, quien al igual que su esposa quedó seriamente herido. Dos de sus guardaespaldas quedaron muertos sobre el pavimento.

El ataque conmocionó a la región y se esperaba una réplica. Policías estatales y federales acordonaron una cuadra a la redonda el hospital donde le salvaban la vida y el gobernador Hernández Deras dejó todo lo que estaba haciendo para trasladarse al centro médico y enterarse directamente del estado de quien había querido también la gubernatura por el PRI. Herrera Araluce, propietario de la empresa Chilchota (la parte de la leche se la vendió hace no mucho a Lala y mantiene la producción de quesos), sobrevivió para ser señalado tiempo después de vínculos con el narcotráfico, que siempre negó. Su atentado fue acreditado a los Zetas, que comenzaban su batalla frontal contra el cártel de Sinaloa por la estratégica plaza.

Gómez Palacio y su hermana siamesa coahuilense Torreón, son el punto neurálgico de la ruta de 70 por ciento de la cocaína destinada al mercado estadounidense, que empieza en Topolobampo, Sinaloa, y termina en Ciudad Juárez, Chihuahua. Junto con Durango, han sido los tres estados con mayor violencia relacionada con el narcotráfico desde entonces, al ser los principales campos de batalla de los cárteles. Pero a diferencia de Chihuahua y Sinaloa, Durango ha sido soslayada por la opinión pública en forma inexplicable, escondida en la violencia de sus vecinos y por la reciente ola de matanzas en Torreón.

La violencia en Durango se cuece aparte. En la sierra, admiten funcionarios estatales, las matanzas de 20 y 30 personas no son inusuales, aunque no se les da difusión. En la sierra cerca de Tamazula vivió Ignacio Coronel, que fue muerto la semana pasada en Jalisco. En esa sierra es donde después de fugarse de un penal de alta seguridad en 2001, se casó Joaquín El Chapo Guzmán con una sobrina de Coronel. El obispo de Durango, Héctor González, denunció que en Guanaceví, cerca de Tamazula, vivía Guzmán, y tiempo después, en la misma zona, el Ejército descubrió un megalaboratorio de metanfetaminas, aunque toda esa área estaba bajo su control semanas antes. Hay pistas clandestinas que se pueden ver en Google Earth y videos en YouTube, donde se muestra vuelos con droga, que documentan lo que ahí sucede.

La política y el narcotráfico tan profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, en Durango, son motivo de discusión pública entre los políticos. Tras las elección para gobernador, donde el candidato priista Jorge Herrera ganó por escasos 11 mil votos, el candidato panista José Rosas Aispuro no ha dejado de cuestionar el proceso, y esta semana sus seguidores tapizaron con pancartas el Senado, donde acusaron a Hernández Deras de estar relacionado con el narcotráfico. Rosas Aispuro era priista a quien el PRI no le quiso dar la candidatura porque no les gustaba su pasado como representante popular, precisamente, de Tamazula. Pero la iniciativa contra la narcopolítica la lleva él y pretende que se anule la elección porque, alega, la violencia en el estado impidió un proceso equitativo.

Qué dirán los órganos electorales, no se sabe. Lo que es un hecho es que la violencia que invade a Durango no comenzó el 4 de julio pasado. En 2006 Durango sólo vio 64 asesinatos relacionados con el narcotráfico en todo el año. En 2007, al arranque de la descomposición, la cifra subió a 130. Para el periodo de enero a junio de 2008, ya rotas las viejas alianzas entre cárteles y en abierta disputa la ruta de la cocaína, el número de muertos fue de 109, que se elevó a 343 en el mismo lapso del siguiente año. Para el primer semestre de 2010, la cifra de muertos ascendió a 471, aunque 204 de ellos perdieron la vida en el bimestre abril y mayo.

Durango apesta. Según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública, 72 por ciento de los delitos en el estado no son denunciados. Aun así, las cifras de delitos por cada cien mil habitantes casi se duplica cada año y Durango, sólo debajo de Chihuahua, ocupa el más alto lugar en secuestros. El deterioro no es un fenómeno nuevo, sino que se vino anidando y creciendo durante el gobierno de Hernández Deras. ¿Por qué nadie volteó a ver Durango con la mirada como se observaron tantas otras entidades? Esta negligencia colectiva tiene que corregirse.

Hernández Deras no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Se lavó las manos en el caso de los sicarios en la cárcel de Gómez Palacio que salían a matar. Hizo mutis en el caso de las evidencias videograbadas del robo de urnas el 4 de julio que hicieron sus policías judiciales. No dijo nada sobre los cuatro periodistas secuestrados la semana pasada, que se acumulan a otros 12, víctimas de la violencia el año pasado. Demasiado pasa por el territorio que gobierna para que no pase nada con él. Desde hace tiempo el gobierno federal lo tiene en la mira por la ceguera que aplica en temas de violencia y delincuencia organizada. Es omiso o cómplice, pero no inocente. Tiene que demostrar que sus manos están limpias, porque si no lo hace, el fuero, que no es infinito, se le esfumará en unos cuantos meses y sus problemas reales apenas comenzarán.



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El Financiero 8126 / 2 Agosto 2010
Política, Pag. 30